Reactivación de casos cerrados de inmigración: ¿y ahora qué?

 

Abogados del gobierno en todo el país están enviando solicitudes para reprogramar casos de inmigración que anteriormente fueron cerrados administrativamente. ¿Qué significa esto para la sistema de corte de inmigración, y qué significa esto para usted?

En primer lugar, ¿qué es el cierre administrativo? Jueces de Inmigración para décadas ha cerrado administrativamente, o aplazado indefinidamente casos en Corte de Inmigración. Otra forma de cierre administrativo también se llama “Discreción Fiscal” o “PD”. Esto involucró al fiscal, o abogado del gobierno, usando su discreción, para cerrar administrativamente un caso de inmigración. Mientras que un caso es cerrado administrativamente, está sentado básicamente en un estante, esperando que cualquiera de las partes presente una moción que pide ponerla de nuevo en el calendario del juez.

Los casos fueron previamente cerrados administrativamente por muchas razones, incluyendo pero no limitados a: (1) el individuo es una prioridad baja, significando que el individuo no tiene ni historia criminal o historia criminal de menor importancia, y lazos significativos a los Estados Unidos; (2) el individuo tiene una petición pendiente con USCIS, ya sea una petición matrimonial, otra I-130 petición basada en la familia, una petición de empleo, o una estatus especial de juvenil inmigrante; o (3) el individuo esta persiguiendo formas de alivio después de la condena.

Recientemente, después de la decisión del Procurador General en Matter of Castro-Tum (27 I&N Dec. 271 (A.G. 2018) (que sostiene que los jueces de inmigración ya no tienen la autoridad para cerrar administrativamente los casos de inmigración), los abogados del gobierno comenzaron a presentar con avidez mociones a poner estos casos anteriormente cerrados en los calendarios de los jueces de inmigración en todo el país. Las estadísticas demuestran que la cantidad de casos que se están reactivando es casi el doble que de cualquier año durante la administración de Obama. Este alarmante giro de los acontecimientos ha afectado no solo a todo en el sistema de la corte de inmigración, sino que puede afectar su caso individual.

Casi inmediatamente antes de esta decisión del Procurador General, los jueces de inmigración fueron emitidos una directiva que implementó una cuota para terminar los casos. Esto envió ondas de choque a través de lo defensores de inmigrantes, así como los jueces de inmigración en todo el país. Los tribunales de inmigración ya están increíble abrumados y atrasados.  Este sistema de cuotas alienta a los jueces, que ya están oyendo cientos de casos a la semana, a completar sus casos más rápido, lo cual es una hazaña imposible. Ahora, con la decisión de Castro-Tum, los jueces ni siquiera pueden utilizar el mecanismo de cierre administrativo para reducir su volumen de casos. Deben terminar los casos, y rápido. Ya no importa que un individuo no tenga antecedentes criminales y lazos significativos en los Estados Unidos. Ya no importa que un a petición estaba pendiente con USCIS y puede tomar algunos años para adjudicar; si la petición no está en frente de Corte de Inmigración, la Corte de Inmigración no puede tomar ningún decisión sobre la petición. Es irrelevante que la historia criminal de un individuo puede ser desalojado, porque alivio después de la condena toma tiempo, y la Corte de Inmigración no puede esperar.

¿Qué significa esto para ti? Eso depende de tu caso individual. Si su caso fue cerrado administrativamente, o le concedieron la discreción fiscal, el gobierno ahora tiene el derecho de presentar una moción para re-programar su audiencia de la corte. Si usted tiene una audiencia de la Corte de Inmigración que viene y todavía tiene una peti